Los aspectos esenciales de la Ley

Por primera vez, la Ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía. Ésta deberá ser accesible e inclusiva, de tal manera que las administraciones trabajarán de forma coordinada para garantizarla. La norma consolida el sistema concesional de autobuses, asegurando la parada en todos los municipios actualmente atendidos por las concesiones estatales en caso de que las comunidades autónomas no acepten prestar los servicios de su competencia.

En segundo lugar, reconoce una movilidad limpia y sana. El transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal, siendo esencial avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire. La norma establece por primera vez la necesidad de llegar a la neutralidad climática en el sector del transporte. Introduce mecanismos para la descarbonización progresiva y, en materia de vehículos ligeros para el transporte por carretera, se apuesta por la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la DGT, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de estos vehículos.

Asimismo, se introduce la obligación de que los grandes centros de actividad y las empresas de más de 200 personas trabajadoras por centro, o 100 por turno, dispongan de planes de movilidad sostenible al trabajo. Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al centro de trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas, como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo, o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo.

La norma también apuesta por un sistema digital e innovador. Se incluye en ella la creación del “Espacio de Datos Integrado de Movilidad”, el cual permitirá disponer de información sistematizada del funcionamiento del sistema de transporte y movilidad para el diseño sólido de las políticas públicas.

Finalmente, apuesta por invertir al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad de las decisiones de gasto en transporte y movilidad, así como una mayor participación pública. Así pues, se establece la necesidad de análisis que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.